Los verdaderos terroristas

Artículo de Alfredo Ruiz con la participación de Fernando Martínez Flores, politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El pasado martes 26 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno inició el proceso para designar a los cárteles del narcotráfico mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con información de RT, «la presión de Washington sobre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentó tras la masacre de la familia LeBarón, de nacionalidad mexicana y estadounidense, ocurrida el pasado 4 de noviembre en el municipio de Bavispe, Sonora, en la que tres mujeres y seis niños mormones fueron asesinados por miembros del crimen organizado cuando viajaban en caravanas.» (http://bit.ly/2OumMR1). Tras la tragedia, uno de los miembros de la familia, con residencia en Estados Unidos, Bryan LeBarón, firmó una petición enviada a la Casa Blanca en Washington, en la cual afrimaban que los cárteles del crimen organizado «son terroristas y es hora de reconocerlo» (http://bit.ly/2L3FKM6).

En una entrevista, Trump dijo que lleva trabajando «los últimos 90 días» en el proceso para denominar como terroristas a los cárteles. Aseguró que ha ofrecido, de manera reiterada su apoyo a su homólogo mexicano, la cual ha rechazado. También indicó, que se sostiene una buena relación con el mandatario mexicano y lo considera un buen hombre, a pesar de que este tenga «tendencias socialistas (sic)» (https://bit.ly/37SbGgA)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3027306373975885&id=102886746417877&sfnsn=scwspmo&d=n&vh=e

Las palabras del presidente Trump son de lo más detestables. De la misma manera que George W. Bush justificó la invasión a Irak para «acabar con el terrorismo» y restituir la gloria de las Torres Gemelas de Nueva York, ahora Trump pretende vulnerar nuestra soberanía nacional para, supuestamente, hacerle justicia al lamentable caso LeBarón.

Pareciera ser que el fantasma del comunismo sigue recorriendo, aún después de la Guerra Fría, el ignorante imaginario colectivo de la Casa Blanca. Les tomamos la palabra y les dedicamos, con mucho afecto, la sentencia que ya se había dictado en el Manifiesto del Partido Comunista, de Karl Marx:

«La burguesía no solo forja su propia destrucción, sino también a su propio sepulturero: el proletariado»

Tal parece que, por esa razón y desde el siglo pasado, se ha tratado de sofocar cualquier gobierno latinoamericano con aires progresistas –el caso más reciente es el de Bolivia, que además de progresista, tiene aún mucho litio esperando a ser explotado (http://bit.ly/34BADe6)–. No importan los medios sino el fin. Las balas y golpes de Estado no han sido sino el medio a través del cual los gobiernos yanquis han impuesto su discurso hegemónico. Uno de los más emblemáticos, es el orquestado en 1973 contra el presidente chileno Salvador Allende, quedando el poder en manos del general Augusto Pinochet y los Chicago Boys, convirtiendo a Chile en «el laboratorio neoliberal del mundo», para que este sistema fuera impuesto con éxito en el patio trasero, América Latina.

Las reacciones de la clase política mexicana no se han hecho esperar. En su mayoría han sido de tajante rechazo a las declaraciones de un representante de los intereses del Ku Klux Klan. Sin embargo, a un sector –velando por sus intereses– le brillaron los ojos al oír que Estados Unidos podría invadir México para resolver la inseguridad, que según ellos, no puede resolver la Cuarta Transformación.

¿Por qué todo esto es grave? ¿Qué implicaría la designación de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO)?

Las consideradas por Washington como FTO’s se encuentran en un listado que es elaborado y actualizado por la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado del gobierno norteamericano, conformándose por grupos que «presumiblemente podrían hacer daño a sus ciudadanos o a los intereses económicos, de Defensa Nacional o afectar las relaciones exteriores del Gobierno de EE.UU.«. Con ello, queda prohibido brindar apoyo económico o material (por ejemplo, armamento) a los grupos y organizaciones enlistadas.

«Cuando un grupo es catalogado como terrorista, todas las agencias que están dentro del Departamento de Homeland Security están obligadas a combatir a estas organizaciones. Estamos hablando de la CIA, el FBI, la DEA«: Alexei Chévez, especialista en seguridad

En el catálogo se destaca la presencia de organizaciones asentadas en regiones del mundo que, desde la perspectiva de la geopolítica, resultan muy importantes para el gobierno estadounidense, hablamos de Medio Oriente y de América Latina, en el caso de organizaciones guerrilleras en Colombia.

«Estados Unidos tiene una larga lista de organizaciones designadas como terroristas, en su mayoría de tendencia islamista, marxista o separatista. Entre estas organizaciones se encuentran la palestina Hamás y la libanesa Hezbollah, la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), los iraníes Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica o el grupo yihadista  Estado Islámico (EI).» (http://bit.ly/2L8tGtd)

De acuerdo con información del portal Sin Embargo, como una de las consecuencias que traería la designación, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estaría facultado para «confiscar o bloquear los activos» del narco». Sin embargo, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, esto ya se está haciendo.

En la conferencia matutina correspondiente al pasado 15 de octubre, dos días antes del Culiacanazo –en el que aún no tenemos claro el papel que jugó la Administración para el Control de Drogas, mejor conocida como la DEA, por sus siglas en inglés (http://bit.ly/2OzlLHk)–, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que se había logrado mermar la capacidad financiera de los cárteles «a través del bloqueo de mil 995 cuentas cuyos recursos ascienden a 5 mil 182 millones de pesos y 47 millones de dólares» (http://bit.ly/2rCxXOE). En ese sentido, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, declaró en una ponencia en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que el dinero confiscado al narcotráfico debe ser administrado por el Estado y destinarse, por ejemplo, a programas sociales o al sector salud, en lugar de terminar en posesión de los bancos (https://bit.ly/2spHngL), que dicho sea de paso, posteriormente lavan ese dinero…

«Familiares de estadunidenses asesinados por cárteles mexicanos denunciaron que entre 2006 y 2008 las sucursales de HSBC en Sinaloa recibieron depósitos por aproximadamente mil 100 millones de dólares del crimen organizado que posteriormente se transfirieron a Estados Unidos.» (http://bit.ly/2OXm9hZ)

Pero este es solo uno de los muchos ejemplos de la fallida cooperación que el gobierno de Estados Unidos ha brindado por años a nuestros país para enfrentar a los cada día más poderosos cárteles. Volviendo a la ponencia de Santiago Nieto, este ponía un caso de éxito en Colombia, país que reformó su Constitución para establecer la propiedad originaria del Estado sobre los bienes muebles e inmuebles. Expuso que si una persona no puede acreditar la procedencia lícita de sus bienes, se aplica la extinción de dominio y el Estado los recupera.

Nadie acusó a los colombianos de socialistas porque esta es una política de Estado. La política anti criminal de Estado implica seguridad, prevención, procuración de justicia , impartición y finalmente ejecución de penas.”

En el caso de la Constitución mexicana, el artículo 27 otorga al Estado la propiedad originaria de «las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional», y recientemente se aprobó una ley en materia de extinción de dominio, la cual fue muy criticada por la cada día menos creíble oposición (https://bit.ly/34DmUTZ). En nuestras leyes hay respuestas a la búsqueda de nuevas formas de enfrentar a la delincuencia organizada.

Pero polémicos acuerdos como la Iniciativa Mérida, la cual llegó a implicar incluso, autorizar la operación con total libertad de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) en territorio mexicano a partir de 2007, afectan nuestra soberanía nacional y nos subordinan a los mandatos de la superpotencia, cuyos intereses no necesariamente coinciden con los deseos de mayor bienestar por parte del pueblo mexicano.

«Durante su gestión en Los Pinos, y escudándose en acuerdos firmados con Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida, aun por encima de las restricciones constitucionales y soberanas del país, Felipe Calderón otorgó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) licencia para operar libremente en México.» (http://bit.ly/2WSqWVH)

Como podemos ver, el «apoyo», si es que así se le puede llamar, que Donald Trump dice ofrecer amistosamente y con las mejores intenciones, es todo menos novedoso. Ambos países optaron por la guerra, y el pueblo mexicano es en toda su extensión, testimonio vivo de los resultados mediocres e imperdonables.

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa cometió un terrible error al sacar a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles para ponerlos a pelear violentamente con organizaciones que poseen, entre otras cosas, un sofisticado y letal armamento que procedente del norte (http://bit.ly/2r0rkFN). Con ello, aquel país cometió también un error, pues es igualmente responsable por esto. El diccionario de la Real Academia Española define el terrorismo como la «dominación por el terror», y eso es exactamente lo que han logrado las élites políticas y económicas de ambos países. Ellos son los verdaderos terroristas.

Ante el poder que han adquirido, con gran armamento y dinero suficiente para sobornarlo a él y a otros, no debería sorprenderle que se busque una nueva estrategia, que implique la legalización de las drogas, el combate a las adicciones mediante la justicia social, el acceso a educación y empleos bien remunerados, y por supuesto, un nuevo enfoque en el combate a la delincuencia organizada, esta vez a través del sistema financiero, y que contemple también, a los delincuentes de cuello blanco.

La solución está al interior, con nuevas propuestas y voluntad política para llevarlas a cabo. Merecemos y demandamos, de una vez por todas, el respeto a nuestra soberanía. Exigimos que se abandone una cooperación viciada de origen que en nada nos ha aportado.

Es el momento para ponerle punto final y sentar un precedente en la región. El 1° de julio sigue siendo un hito. No solo marcó el fin de una etapa en México sino que le devolvió la esperanza a toda una región, América Latina. Los movimientos que se han estado gestando en el sur del continente son la respuesta al fracaso del neoliberalismo, que en palabras de Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), «a la mexicana tenía otra característica, la corrupción» (http://bit.ly/381ARgK).

Y aquí está nuestra respuesta a quienes solo se han dedicado a imponer. Las decisiones respecto al combate al narcotráfico debe ser de los mexicanos, gobierno y sociedad en conjunto, sin que otro país intervenga. Y si eso es ser socialista, que nos apunten en la lista.

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