UNA «NUEVA” MORAL INVADE DECISIONES JURISDICCIONALES

«Todos somos iguales ante el deber moral – Immanuel Kant

Hablar el día de hoy sobre moral inevitablemente nos coloca en un terreno de total subjetividad individualista que ha permeado no solo a conceptos que rodean e invaden nuestro entorno en el diario vivir, sino que en México esto ha orilla a la emisión de nuevos criterios de nuestros más altos órganos judiciales, basados en nuevas reflexiones para definir desde el ámbito legal cuando se realizan actos que ya no pueden considerarse como alguna algo que trastoque o vaya en contra del marco normativo que se ha dado la sociedad, sino que debe ser aceptado, garantizado y amparado por el Poder público, como lo establece el párrafo 9no del artículo 21 de nuestra Carta Magna, en donde le corresponde al Estado «(…) contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución».

Partiendo de lo anterior, nuestra Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 4to que «No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.»

Sobre este particular, cabe referir que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, habiendo establecido el preámbulo necesario el día 2 de Mayo del presente año, se ha pronunciado al respecto de la presente disposición establecida en la referida ley a través del amparo directo 727/2018 para poder presentar una nueva idea y un concepto renovado de lo que es la moral y buenas costumbres, pues ahora ya es posible registrar alguna institución jurídica tutelada por la propiedad industrial que contenga una palabra mal sonante no puede negarse su registro si cumple con dos supuestos:

A) si no es su única connotación y

B) el contexto y circunstancias den una afectación real a una tercera persona.

Todo esto bajo la premisa que a mayor alcance de contenido de orden público una menor tutela y por los mismo un menor alcance de derechos fundamentales.

Esto se ve frente a frente con nuestro Código Civil que establece que el daño moral de una persona puede darse en sus sentimientos, creencias, decoro, honor y el responsable del hecho ilícito deberá responder por el daño causado.

Si la libertad de expresión por virtud de la cual ahora se permite el registro de marcas que contengan palabras malsonantes o una connotación ofensiva, debe recalcarse que será motivo de tutela judicial si estos dañan a la moral y los derechos de terceros.

Será entonces que el nuevo criterio de nuestro sistema judicial llegue al punto de sostener en sus decisiones un nuevo paradigma que cambie, restrinja o límite el derecho y potencial individual de percepción de aquello que considera un daño ocasionado por un tercero, como pudiera ser el de su moral, su decoro, sus sentimientos, incluso de sus creencias, al punto de someter su autodeterminación para calificar un signo distintivo que se publique y difunda; y, en cambio, tenga que resignarse a tolerar que sus derechos no puedan verse del todo tutelados y protegidos por el Estado mexicano, por haber decidido nuestros órganos judiciales que en estos casos debe prevalecer y privilegiarse la libertad de expresión de las personas comerciantes plasmada en sus avisos comerciales, patentes o marcas y campañas publicitarias con las que intentan llegar al público, o que solo quizá se vislumbre la condena de que la defensa de este tipo de derechos más íntimos del individuo, serán motivo de litigarse en amparos largos y costosos cuyo fin es tan incierto como incierta es la concepción actual de la moral.

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