Inclusión de las mujeres en la política

Nuestra cultura política desarrolla ideas relacionadas con jerarquías sociales y relaciones de poder que condicionan las prácticas políticas en contextos de fusión y exclusión.
La reforma constitucional de 1953 marcó un hecho relevante pues se otorgó a las mujeres el derecho al sufragio, fue un acontecimiento que buscó la equidad de género en la vida política.
Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos es un reto que aún no podemos enfrentar. Se necesita transversalizar las políticas públicas con perspectiva de género, es decir estas medidas deben de estar orientadas a disminuir la brecha entre géneros y abrir más lugares para la participación de nuevos actores políticos.
Las recientes reformas han propiciado una mayor inclusión y empoderamiento de las mujeres, su liderazgo político requiere alcanzar todos los niveles de gobierno, ya sea Federal, estatal y municipal.
La mayoría de las legislaciones electorales locales establecen que, en la postulación de candidatos a puestos de elección popular, los partidos políticos y las coaliciones deberán satisfacer, entre otros requisitos, el de equidad de género por lo que el establecimiento de las cotas de género en el interior de los partidos políticos a través de las modificaciones de los estatutos partidarios y las sanciones de ley, promueven la participación de un cierto porcentaje de mujeres en la lista electoral que fue mayormente aceptado pues tiene un impacto positivo en la representación política y genera un efecto de demostración en otros ámbitos de decisión donde las mujeres han sido tradicionalmente relegadas.
No sólo aumentaron el peso cuantitativo de las mujeres en la política sino que también generó un efecto importante dotado de visibilidad en espacios de poder tradicionalmente asignados a los hombres.
Sin embargo y a pesar de la importancia que tienen estas normas para promover la participación política de las mujeres, las leyes por sí solas no alcanzan a lograr sus objetivos si no son acompañadas por algunos requisitos mínimos que otorgan garantía para su eficacia, pues la norma no siempre aparece explícitamente como obligatorio ni prevé una sanción frente al incumplimiento porque adoptó una forma de recomendación sin el carácter de obligatorio, y eso lo observamos con la situación de Oaxaca en donde fueron registradas 19 candidaturas de las cuales sólo 2 cumplían con los requisitos, el resto simuló ser mujeres (transexuales) para obtener un cargo.
Es claro que para obtener un cargo de puede hacer lo que sea inclusive autoadscribirse a una comunidad.Los casos más llamativos son el de Santos Cruz Martínez, presidente municipal de Cuilápam de Guerrero, por la coalición Por México al Frente (PAN, PRD, MC) y Carlos Quevedo Fabián (PRI) actual presidente municipal de Santa María Teopoxco; no basta una sanción económica sino mejorar la aplicación de las normas en materia electoral.
Las mujeres desde un inicio estaban contempladas en el momento de la legalización de los partidos políticos, en condiciones de igualdad y el género no tenía razón de ser dado que se partía de una identificación de interés y eso es lo que debe de prevalecer.

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